Las deudas impagas, un problema que impacta a miles de personas

“Me demoré dos años en recuperarme de la deuda. Presenté la demanda antes de que el caso prescriba”. Leonardo Romo, perjudicado. Foto: María Isabel Valarezo/EL COMERCIO

2 de abril de 2015
Diego Bravo Redactor (I)
dbravo@elcomercio.com

Han recorrido años los juzgados de lo Civil. Así averiguaban cómo avanzaban los juicios para cobrar las deudas. Pero la respuesta de los funcionarios siempre era la misma: “venga mañana”, “tenga paciencia”, “la deudora no ha sido localizada para la diligencia”...

Otros gastaron más dinero en abogados y en trámites legales que lo que perdieron tras conceder préstamos a personas que nunca les pagaron. Por ejemplo, Leonardo Romo no ha recuperado los USD 6 000 que hace nueve años prestó a una mujer que trabajó con él como asistente en su oficina. Ella le pidió dinero para montar un negocio, pero al no cancelarle, él la demandó.

“Primero me pidió USD 5 000 y canceló a tiempo. Yo me confié de eso porque aparentaba ser una persona seria y le presté más dinero. Dijo que me lo devolvería en un mes, pero se ha demorado casi una década”. Este carchense, de 51 años, es abogado y en su oficina ubicada en un edificio del centro de Quito tiene todos los documentos.

De un cajón de madera saca el expediente de su caso y relata el problema que vive actualmente. Todo ocurrió en el 2006. En ese tiempo, Romo era síndico de una cooperativa de viviendas y a la mujer le prestó el dinero recaudado por el comité promejoras de esa entidad. “Le dije que la plata no era mía y que pague pronto. Pero todo salió mal y tuve que hacer todos los esfuerzos para devolver a la cooperativa lo que le presté a esa persona.

Me demoré dos años en pagar”. La demandó por cobro de deuda, pero ella no ha sido localizada para entregarle la citación a las audiencias. “Se desconoce el sitio en donde vive” y el proceso se estancó... Las demoras en los juicios civiles por cobros de deudas son una de las trabas judiciales que busca eliminar el nuevo Código de Procesos (COGP) que aprobó la Asamblea.

La normativa fue remitida el lunes al Ejecutivo para que sea analizada y hasta el 29 de abril se conocerá si esta será ratificada u objetada parcial o totalmente por el presidente Rafael Correa. Mauro Andino integra la Comisión de Justicia, en donde se analizó el COGP, y dice que esta ley es una oportunidad de “pasar al sistema oral de procesos” y para frenar “tanta lentitud”. Dice que “por años el país ha tenido que trabajar con un sistema procesal viejo, lento e inoperante”. Por eso espera que la nueva norma ayude a reducir las causas represadas.

Pero en un comunicado remitido ayer a este Diario, el Consejo de la Judicatura señala que en el 2014 se resolvió el 77% de las causas relacionadas con deudas. El número de causas que se reportaron en los juzgados civiles a escala nacional también aumentó entre ese año y el 2013. Según este organismo, la actual carga procesal suma alrededor de un millón de causas.
De esa cifra el 20% corresponde a materia penal, un porcentaje similar a tránsito y el resto a temas civiles (demandas por inquilinato, alimentos, juicios por deudas, etc.). El nuevo Código de Procesos también determina que los juicios que se demoraban hasta cuatro años se resolverá en cuatro meses. También, plantea que si una deuda no excede los tres salarios básicos unificados (USD 1 062), no se requerirá de un abogado que lo represente en todo el proceso.

En esos casos, el afectado solo tendrá que llenar un formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura. La idea es “evitar que personas de escasos recursos económicos puedan quedar en indefensión por falta de cobro de esas deudas”. ¿Cuánto tiempo dura un juicio de ese tipo en la actualidad? En el Colegio de Abogados de Pichincha existen cálculos de cuánto se demoran: entre uno y tres años. José Alomía es presidente de ese organismo y señala que uno de los problemas es que con la norma vigente hay demasiados trámites.

Otro hecho -argumenta el jurista- es que los deudores se esconden y a los acreedores se les dificulta cobrar. Fernando Gualoto es un comerciante que se reunió la mañana del martes con su abogado en el sur de Quito. Ambos recordaron como fue el juicio civil por una deuda de USD 1 800 que iniciaron contra un carpintero, de 65 años. Ambos revisaban el expediente y el afectado incluso reconoció que ya se resignó a perder lo que había entregado.

Hace más de un año, el hombre de 37 años contrató al obrero para que le fabricara muebles para su departamento en el sur de la ciudad. El carpintero le pidió USD 1 800 por adelantado, pero no le entregó los trabajos. Molesto, Gualoto lo demandó y ganó el juicio, pero el deudor no tiene dinero con qué cancelarle. “Gasté USD 1 500 en trámites y honorarios de mi abogado”. También buscó que le devolviera los USD 1 800 mediante una audiencia de conciliación en la que un juez cite al demandado y le disponga que pague lo que debe (artículo 407 del Código de Procedimiento Civil vigente). No obstante, el deudor perdió su carpintería y no tenía con qué afrontar la deuda. “Quiero estar en paz y dejé ahí las cosas por mi tranquilidad y la de mi familia”.

Contrario a este caso, Ernesto Borja, de 62 años, no se resignó a perder los USD 2 000 que le prestó a su expareja. Ella le pidió esa cantidad para montar un negocio y no le pagó. La enjuició y el proceso duró casi 10 años. En el transcurso de ese tiempo, el expediente del caso se perdió una vez y él acudía dos veces cada siete días a los juzgados para averiguar cómo avanzaba la demanda. En el 2012, él cobró los USD 2 000 luego de que el juzgado dispusiera que se remate una propiedad de la mujer. “Fue casi una década en la que tuve que luchar para recuperar lo mío”, dice.

Con la mitad del dinero que le dieron pagó los honorarios de su abogado. Carlota G. también acudía todas las semanas a los juzgados civiles. Ella le entregó USD 10 000 a un amigo y este se negaba a devolverle la plata. La razón: el hombre argumentaba que no le prestó ese dinero, pues no había comprobantes.

Ella no tenía esposo e hijos que la ayudaran con los trámites legales y le dio toda su confianza al abogado para que la defendiera. El juicio duró casi 2 años y logró que el deudor le pague el dinero en partes. ¿Cómo lo hizo? Logró convencerlo a que firme una letra de cambio en la que admitía la deuda. Con ese dinero, ella finalmente pudo costear sus tratamientos médicos...

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