martes, 11 de julio de 2017

¿Cuántos profesores con PhD o doctorado hay en las universidades del país?

Darío Cepeda (usa lentes) es uno de los profesores con doctorado en la U. Central. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO



Universidades tienen docentes con PhD, pero son insuficientes

Diego Bravo Redactor (I)


El catedrático de la Universidad Central Michael Ayala, de 47 años, viajó junto a sus dos hijos para estudiar su doctorado en la Universidad de Alburquerque, en Nuevo México, EE.UU. José Manuel y Camilo Antonio, hoy de 19 y 17, fueron su soporte durante los dos años que permaneció allí.

Se turnaban las tareas de limpieza de la casa. Cuando tenía exámenes, este ingeniero en agronomía apenas dormía tres horas. La razón: permanecía en la biblioteca revisando artículos de revistas o libros virtuales. Fue uno de los primeros nueve ingenieros que obtuvo una beca de la Central, para seguir un PhD en el extranjero.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) rige desde el 12 de octubre del 2010. En la transitoria decimotercera se señala que el requisito de doctorado o PhD para ser profesor principal, en una universidad o politécnica, será obligatorio luego de siete años a partir de la vigencia de la norma. De no cumplirse, los profesores titulares perderán esta condición. Según el artículo 14 del reglamento de la LOES, para que un centro superior sea considerado de investigación deberá contar al menos con el 70% de su planta docente con PhD.

Pero a tres meses (93 días) de que termine ese plazo, las universidades están lejos de alcanzar el porcentaje. Frente a eso, incluso el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, habló de ampliarlo. Lo hizo en el marco del análisis al proyecto de reformas a la LOES. Si bien admitió que esta tuvo un efecto positivo en el sistema, reiteró que es otro momento.


En el 2008 había 482 profesores con PhD; en el 2012, 1 056, con doctorado, de 33 720 catedráticos. Hasta el 2016 eran 2 776, de un total de 36 272, detalló Senescyt. Enrique Santos, titular del Consejo de Educación Superior (CES), anota que el plazo fijado en la LOES solo puede ser eliminado o ampliado con una reforma.

Desde esa entidad, hace dos años -asegura- se estableció que los profesores principales sin doctorado pasen a llamarse “principales del escalafón previo” (Reglamento de carrera y escalafón docente). A su juicio, se debe conservar esa condición sin necesidad de ampliar el plazo. Con ello, luego del 12 de octubre, cuando los docentes obtengan el doctorado y cumplan con las publicaciones, pasarán a ser principales del nuevo escalafón (principales 1).

Esta sugerencia fue expuesta en la Comisión de Educación de la Asamblea y en la Senescyt, indica Santos. “Extender el plazo no es adecuado”. Mientras, en las ‘universidades se ha buscado alcanzar la meta. En la Escuela Politécnica también se implementó un plan para que los catedráticos estudien en el extranjero.

Su rector, Jaime Calderón, dice que 63 profesores aún se preparan, mientras que 114 titulares ya cuentan con ese tipo de especialización: el 50% de los de tiempo completo. Andrés Rosales obtuvo su PhD en sistemas de control orientados a la robótica en la U. Nacional de San Juan, Argentina. En el 2009 se ganó una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Tras terminarla fue contratado en la EPN.

Ocurrió en el 2014 cuando se jubilaron más de 400 catedráticos. La beca costó aproximadamente 60 000 euros. Antes de llegar a la Politécnica, él trabajaba en el sector público, en proyectos hidroeléctricos. En esa línea, el vicerrector de Formación Académica y Profesional de la Universidad Estatal de Guayaquil, Fernando Sandoya, asegura que 92 de los 3 400 profesores titulares y contratados tienen doctorado. Para él, los siete años de plazo que otorga la normativa son muy cortos. “Se requiere unos 15 años para hacerlo”.

En las universidades privadas también los profesores se preparan para obtener los doctorados. El rector de la Universidad Salesiana, Javier Herrán, explica que 53 doctores dictan clases allí, lo cual equivale al 5% del total de profesores. Otros 217 cursan sus programas de PhD en universidades como la de Ferrara, en Italia; Lyon, en Francia, en la Politécnica de Madrid, entre otras. Según el rector de la Central, Fernando Sempértegui, contaban con 11 maestros con PhD o doctorado, antes del 2014.
 
Hoy son 114, que fueron contratados bajo concurso de merecimientos y oposición. Equivale al 35% de la planta docente. Entre los maestros con ese tipo de grado académico, que fueron contratados, está Darío Cepeda, de 42 años. Obtuvo el doctorado en agroeconomía de la Universidad Agro Paris Tech, Francia, en el 2009. Él es Director de posgrado en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Central. Lo más difícil de sacar su título -relata- fue adaptarse a otro país. Incluso pensó en abandonar su especialización.

“La selección del tutor es clave. Me ayudó a no abandonar lo que me propuse”, recuerda.

La meta de la Central es tener 400 profesores con PhD hasta el 2019. Alrededor de 300 docentes titulares, becados, aún se preparan en el extranjero. Los de las ramas de la Educación y Derecho estudian en España; los de Administración y Economía, en Argentina; los agrónomos, los veterinarios y los bioquímicos, en Bruselas; los inmunólogos y genetistas, en Holanda; los ingenieros, en Nuevo México, EE.UU., etc.

Uno de ellos es Ayala, quien desarrolla su proyecto final para graduarse. Según el convenio con la U. de Alburquerque, cuatro años se requieren para sacar el PhD. Los dos primeros son de clases presenciales. El resto se destina al desarrollo de la investigación final, que debe ser publicada en una revista indexada (como tesis).

Mientras él estudiaba el doctorado los dos primeros años, sus hijos acudían al Colegio de Alburquerque. El mayor terminó la secundaria con buenas calificaciones y le dieron una beca en la misma universidad, a la que acudía su padre. Ahora, el chico cursa el primer año de Ciencias Políticas.

El PhD Andrés Rosales es uno de los maestros con ese grado en la Politécnica Nacional. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO 


lunes, 3 de julio de 2017

La realidad de los chicos de otros países que estudian en Ecuador

En el ciclo 2015-2016 hubo 12 894 alumnos extranjeros en centros particulares y 21 054 en los públicos. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO



32 367 chicos de otros países se adaptan al sistema educativo

Diego Bravo C. (I)

En su cuaderno cuadriculado anotaba los nombres de las 24 provincias del Ecuador y sus capitales. Para Saray R., de 13 años, lo más complicado fue memorizarlas. Es originaria de Barrancabermeja, una ciudad colombiana ubicada a ocho horas de Bogotá.

En su país, la joven acudía a clases en el Colegio Camilo Torres Restrepo. El 30 de junio pasado acaba de terminar el octavo de básica en la Unidad Educativa 24 de Mayo, en Quito. Cuenta que le ha costado adaptarse a un sistema educativo nuevo y al cambio de ambiente y de amistades.

Según el Ministerio de Educación, 32 367 alumnos extranjeros se formaron en las escuelas y colegios del país en el año lectivo 2016-2017, tanto fiscales como particulares. La mayoría es de Colombia. En el ciclo 2015-2016 hubo 12 894 en centros particulares y 21 054 en los públicos.

Para ingresar a los planteles educativos en Ecuador, los padres o representantes de los chicos que vienen de otras naciones deben acudir a la Unidad Distrital más cercana a su domicilio. Eso se establece en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI). También, señala las reglas para acceder a la educación en Ecuador. En el artículo 166 se explica que quienes cursaron la primaria o bachillerato en el exterior, que cuenten con documentación original de sus estudios, pueden presentarla para reconocerla legalmente.

Hay una salvedad para quienes estudiaron en países con los que el Ecuador mantiene convenios de reconocimiento de títulos. Ellos no necesitarán legalizar o apostillar la documentación (art. 167). Si es que por alguna razón, el estudiante no cuenta con los certificados debe rendir un examen de ubicación para validar los años de estudios sin respaldo. La calificación obtenida en la evaluación será asentada como promedio de los años anteriores. María Antonia González es coordinadora nacional de RET, una organización internacional que trabaja en Ecuador con personas en situación de movilidad humana.

Para ella se han dado avances importantes en cuanto al acceso a la educación de extranjeros. Pero, asegura, se deben mejorar los procedimientos para tomar las pruebas a quienes no traen documentación. También pide que se ajusten los sistemas informáticos para registrar los documentos de identificación de los chicos.

Ante eso, el Ministerio de Educación emitió el Acuerdo 2017-00042-A en mayo. Se trata de una norma para garantizar el ingreso, permanencia y culminación de la educación de chicos en estado de vulnerabilidad y rezago escolar. Incluye a los niños y adolescentes que ingresan al sistema educativo nacional procedentes del exterior.

En el documento se especifica, por ejemplo, que si alguien desea estudiar en un plantel municipal, fiscomisional o particular, deberá seguir los procesos de admisión de cada una de esas instituciones. De otro lado, el examen de ubicación será bajo estándares establecidos por el Nivel de Gestión Central de Educación. Noventa días después, contados desde la publicación del Acuerdo (12 de mayo), se elaborarán los instructivos para la ejecución de las disposiciones.

González explica que en los casos de infantes desplazados de Colombia por temas de violencia o catástrofes naturales se recurre al examen de ubicación porque al salir de su país no alcanzan a reunir la documentación.

A quienes llegan desde otras naciones por temas laborales les da la oportunidad de tener una migración más organizada y planificada. Así pueden juntar la documentación y acceder a un plantel privado o público. Eso vivió Zamira M., de 11 años, quien llegó desde Cuba en el 2015.

Su adaptación a la escuela fue difícil, sobre todo porque ella estudió música en su país y acá se inscribió en el Conservatorio. “En mi país eran conciertos más complicados”. Ella vive con sus padres y su hermano, de 14 años, a quien le costó adaptarse a practicar otros deportes como el fútbol.

Su madre Yanery Ochoa dice que no se irán de Ecuador. Otros chicos tienen problemas con algunas materias, por ejemplo inglés. Es el caso de los hermanos Santiago y Samantha M., de 10 y 8 años, quienes llegaron en el 2016 a Quito desde Maracay, Venezuela. Estudian en una escuela católica. Dicen que hay niños que les molestan por ser foráneos. “No me dejan jugar con ellos”, cuenta el pequeño.

Rómulo López es presidente de la Confederación de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), un gremio que reúne a 1 1 70 planteles del país. A su juicio, los casos de discriminación a estudiantes extranjeros son “aislados”. Si se presentan problemas de ese tipo -dice el dirigente- hay protocolos: convocan a los padres para dialogar, se abre un expediente y se brinda ayuda psicológica con los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

Lo mismo ocurre en los establecimientos fiscales, según Nelly Miño, rectora del Colegio 24 de Mayo. “Si existen problemas de adaptación, recurrimos a la Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI) del Ministerio de Educación”. Lo mismo se hará en el próximo año lectivo 2017- 2018.

En contexto

 Para ser inscrito en el sistema educativo nacional, un niño extranjero debe presentar los mismos requisitos que el resto. Esto es documento de identificación de él o su representante, planilla de pago de energía eléctrica y certificados de estudio.